Argumentando falta de garantías para la seguridad y para el desarrollo del mismo proceso, la defensa de seis militares investigados por la muerte de tres civiles durante una acción militar en la vereda San Marcos del municipio de Colombia, en enero de 2008, solicitó que el caso sea trasladado a otro distrito judicial.

Que se traslade el proceso a otro distrito judicial, es decir que el juicio oral se desarrolle en otra ciudad distinta a Neiva, solicitó el defensor de seis militares investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de tres civiles, uno de ellos un menor, durante un operativo militar el seis de enero de 2008 en la vereda San Marcos, jurisdicción del municipio de Colombia, Huila.

Tal petición la elevó Luis Eduardo Castellanos Fonseca -defensor del mayor Manuel Rodolfo Pérez Torrado y los soldados profesionales Ángel Simón González Tordecillas, Gíler Garzón, Aureliano Díaz Díaz, Faiber Torres Rodríguez y Juan Pablo Villaquira Parra- ante el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, argumentando falta de garantías relacionadas con la seguridad de los investigados y del debido proceso.

La defensa solicitó el cambio de radicación, es decir que el proceso continúe en otro territorio distinto a Neiva, alegando situaciones de inseguridad, de las que según el profesional del derecho, fueron víctimas la abogada suplente que asistió a los uniformados en la audiencia del primero de diciembre de 2011, así como los mismos procesados.

“La doctora asistente que concurrió a dicha audiencia en representación de este defensor, así como a mis probijados, fueron agredidos física y verbalmente por algunos familiares de los occisos y por personas desconocidas…les lanzaron improperios, además de seguirlos en motocicletas y amenazarlos, diciéndoles que ellos también tenían familia y que lo iban a lamentar”, indicó el defensor durante la diligencia.

Agregó el profesional del derecho que tal situación “implicaría que la publicidad del juzgamiento, tal como lo indica la norma, no estaría garantizada. Los derechos y las garantías procesales están siendo gravemente afectados…la ciudad de Neiva no ofrece garantías para seguir con el juicio oral… la vida e integridad de los investigados y de la defensa está en peligro”.

Dentro de la audiencia intervino uno de los familiares del menor Oscar Javier Ortiz, víctima de los hechos, quien señaló que fue él quien hizo reclamos a los uniformados, pero que nunca los amenazó. “Lo que dice el defensor no es cierto, no fue el papá del menor víctima sino yo como tío, lo único que le dije al mayor fue ‘comandante de militares asesinos’… nunca los seguimos…los que hacen justicia son los jueces y no yo como familiar”.

El juez indicó que tales denuncias refieren amenazas verbales y de hecho contra algunos de los acusados, lo cual genera “un mal ambiente” para que se continúe con el juicio oral, razón por la cual suspendió la diligencia, hasta tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no resuelva la petición elevada por el defensor de los militares investigados.

“Dispararon indiscriminadamente”

Según indicó la Fiscal 76 de la Unidad Nacional de derechos humanos, los militares realizaron un operativo que se les encomendó para verificar la presencia de un grupo de guerrilleros del frente 25 de las Farc, dentro de un billar en la vereda San Marcos del municipio de Colombia (Huila), el seis de enero de 2008.

La delegada del ente acusador señaló en el inicio del juicio oral el primero de diciembre de 2011, que los uniformados “no realizaron labor alguna de verificación y al llegar a la población dispararon sus armas indiscriminadamente”, causando la muerte de los civiles Oscar Javier Ortiz Lozano (menor de edad), Israel Mayorga Bastidas y José Danilo Mata Castañeda. En la misma acción militar también perecieron William Arenas Hernández y Efrén Sánchez Sánchez, estos dos últimos guerrilleros de las Farc.