La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) presentó una acción popular para exigir la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos del Huila, como la paz, seguridad pública y moralidad administrativa

La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) presentó una acción popular para exigir la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos del Huila, como la paz, seguridad pública y moralidad administrativa, alegando que estos han sido sistemáticamente vulnerados. La demanda está dirigida contra la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y fue aceptada por el Tribunal Administrativo del Huila.

A pesar del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc presentes en la región, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, Fede alerta sobre el incremento del conflicto armado, destacando crímenes graves como el reclutamiento forzado de menores. Según la fundación, las medidas del Gobierno han sido insuficientes para preservar la integridad territorial y garantizar los derechos de la población.

La aceptación de la demanda implica que el proceso judicial continuará, buscando que las autoridades tomen medidas urgentes para mitigar la violencia en el departamento. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de un documento firmado por el magistrado Ramiro Aponte, ratificó su compromiso de analizar la situación y exigir garantías a las entidades demandadas.

Uno de los hechos que evidencia el deterioro de la seguridad en Huila es el asesinato reciente de cuatro personas en los municipios de Pitalito, Oporapa y Timaná, lo que subraya la urgencia de implementar acciones efectivas para proteger a la población civil y restablecer el orden en la región.