Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El reciente acuerdo laboral entre el Gobierno y sindicatos elevó los sueldos de los congresistas a más de $52 millones, generando amplias críticas.

Un pacto laboral firmado el pasado 30 de abril entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales del sector público, destinado a mejorar las condiciones de los trabajadores estatales, ha resultado en un incremento salarial del 7% para todos los servidores públicos. Este ajuste ha llevado los ingresos mensuales de los miembros del Congreso de $48 a más de $52 millones, aplicándose automáticamente debido a la estructura salarial vigente en el Estado.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia directa de las políticas salariales estatales. Según el acta de acuerdo, cualquier mejora salarial otorgada a los trabajadores se refleja también en las remuneraciones de los altos cargos, incluyendo a senadores y representantes. Gustavo Bolívar, exsenador, expresó su descontento en redes sociales, destacando la ironía de que los congresistas reciban un aumento mientras se oponen a mejorar las condiciones de los trabajadores más vulnerables.

Este incremento ha suscitado indignación no solo en la ciudadanía, sino también dentro de la misma estructura estatal. María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, calificó el aumento como un "chiste", evidenciando la desconexión entre los ingresos de la clase política y la realidad económica del país. Además, la falta de progreso en los proyectos de ley que buscan limitar estos salarios ha exacerbado el descontento público.

La situación actual plantea un desafío significativo: mientras los trabajadores públicos de base ven mejoras modestas en sus ingresos, los congresistas se benefician de manera desproporcionada sin necesidad de justificación o debate adicional. Este fenómeno no solo agranda la brecha salarial dentro del sector público, sino que también alimenta el malestar y la percepción de inequidad entre la ciudadanía. La necesidad de una reforma que desvincule los beneficios de los políticos de los aumentos generales se hace cada vez más evidente.